Por ahora, la red tiene demasiados agujeros. Y la presa, en este caso los que se saltan las normas internacionales y esquilman los mares, se escapa por cualquiera de ellos. Una embarcación dedicada a la pesca ilegal puede tener bandera de un país, capitán de otro, estar asegurado en un tercero, puerto de amarre en otro, la tripulación de uno distinto, los dueños lejos de allí y sus cuentas en algún paraíso fiscal. Así se forma un rompecabezas en el que pueden verse envueltos más de una decena de países. Y por tanto, gran cantidad de legislaciones, reglamentos y autoridades. Una confusión del que se aprovechan los piratas del pescado, según Deon Burger, de Interpol.
Las capturas de pescado ilegales u opacas (no registradas o no documentadas) podrían tener un valor comercial por encima de los 20.000 millones de euros al año, según las estimaciones que maneja la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura). Eso sin contar el daño que ocasionan estas prácticas irregulares a los bancos de peces al sobreexplotarlos —el 31% de los stocks mundiales está siendo utilizado de forma insostenible, de acuerdo con la misma fuente— y al medio ambiente, por ejemplo al abandonar las redes en su huida cuando son descubiertos.
El valor comercial de las capturas ilegales se estima en 20.000 millones de euros al año
A medida que crece la conciencia de esta lacra, que perjudica especialmente a la economía de las naciones insulares en desarrollo, aparecen iniciativas para estrechar el cerco a los fugitivos. “Un control adecuado es vital para mantener los recursos marinos y combatir estas prácticas”, insistía el miércoles, Alberto López Asenjo, secretario general de Pesca de España. Todo ese arsenal de armas contra los forajidos pesqueros ha estado presente en la Conferencia de los Océanos que se celebra esta semana en Nueva York. Desde la necesaria retirada de subvenciones a quienes pescan irregularmente, al control por satélite de las naves, la trazabilidad de los productos o la inspección de los barcos en puerto.
“Es cuestión de acumular obstáculos que lo pongan difícil”, opina el director general de la FAO, José Graziano da Silva. “Y por primera vez tenemos un acuerdo que obliga a los países y les permite hacer la inspección de cualquier barco que atraque en sus puertos”, se felicita respecto al tratado suscrito por una cincuentena de Estados que busca cerrar los muelles a los piratas. Graziano apuesta por regular también altamar, ya que muchos de estos operadores irregulares se transfieren la carga en aguas abiertas para evitar el control portuario. “Sigue siendo un territorio salvaje, sin regulación, sobre el que hace falta otroacuerdo”.
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